Las recientes iniciativas de foresteria comunitaria en Escocia, GB, han representado un desafío a diferentes prácticas de mucho arraigo de tenencia de tierras, legislación y relaciones de poder. Este artículo, a través de tres estudios de caso, planteó que tales iniciativas fueron impulsadas por miembros de las comunidades locales e informó, con lujo de detalles, qué tipo de participación tuvieron los demás interesados – el Estado, los propietarios de tierras y las ONG. Los autores ampliaron el debate para cuestionar varias opiniones muy extendidas sobre los proyectos comunitarios de conservación y desarrollo, por ejemplo, que la evaluación rural participativa es un proceso que, por su propia naturaleza, siempre confiere poderes. Además, recomendaron que se reconozca que las iniciativas de conservación y desarrollo son procesos políticos en virtud de los cuales se establecen – y deben continuar estableciéndose – alianzas estratégicas entre interesados que tienen diferentes objetivos.